Cada fin
de año presenciamos el espectáculo montado por empresarios y estado, para
justificar el miserable salario mínimo y su aumento, que no corresponde con la
realidad de viven millones de familias en Colombia.
Los
empresarios reportan jugosas utilidades, como resultado de la riqueza producida
por los trabajadores, pero en la mesa de negociación del salario mínimo,
proponen un incremento del 3,5%, que traducido en pesos no suma más de $19.900,
cifra ésta que pueden superar reconociendo la inflación y un porcentaje por
productividad. Aún, si acogieran la propuesta de la CUT y aplicaran un 10% de
aumento, el salario mínimo sigue siendo totalmente injusto ya que no cubre las
necesidades mínimas de subsistencia.
El salario
mínimo en Colombia está en $566.664, más el subsidio de transporte, que se
supone debe garantizar la remuneración mínima, vital y móvil para asegurar el
acceso a los bienes y servicios básicos del trabajador y su familia, pero lo
real es que no alcanza para nada de esto, ya que el costo de la canasta
familiar equivale a 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes
($1.416.660).
La línea
de pobreza contiene a las personas que obtienen ingresos inferiores a los
$750.000 al mes, para cubrir el denominado paquete de sobrevivencia, que
incluye transporte, arriendo y alimentación, esto significa que el estado de
Colombia por ley, empobrece a millones de trabajadores, mientras que otro
número que supera el 7% de pobres, los ha desaparecido de las estadísticas, con
la nueva metodología aplicada para calcular la pobreza, igual suerte corre el
4% de los que viven en la indigencia.
A la
inequitativa distribución de la riqueza que producimos los trabajadores, que se
mide en el salario, el estado de Colombia ejerce una política sistemática de
eliminación de los derechos de los trabajadores y la población, precarizando el
trabajo, que ha significado que la última década que los trabajadores y los
hogares hayan perdido 5 veces el ingreso legal y extralegal al que devengan
hoy.
Mientras
tanto, el estado continúa dándole gabelas a los empresarios para que se
enriquezcan más a costa de la miseria de los trabajadores; con la reforma
tributaria que cursa en el Congreso de la República, reducirá en 13,5% los
costos salariales.
Diariamente
los trabajadores perdemos la capacidad adquisitiva del salario por efectos del
incremento del costo de vida; no han terminado de imponer el salario mínimo
cuando enseguida llega la escalada de alzas en los productos y servicios.
En algunos
países se fija un salario mínimo que no supera la franja de la pobreza, pero de
alguna forma se compensa por parte del estado, con los subsidios al desempleo,
a la Educación, a la Salud, a la Vivienda, a la Alimentación, entre otros, pero
en Colombia ocurre todo lo contrario, aquí todo está privatizado y este es un
negocio para los propietarios de las corporaciones multinacionales.
Con
acuerdo entre la Comisión Permanente de Conciliación de Políticas Salariales y
Laborales o por decreto el 30 de Diciembre de 2012, el salario mínimo no
posibilita condiciones dignas de vida para millones de trabajadores y sus
familias.
Habrá
posibilidades de un salario digno, solo cuando el pueblo salga a las calles a
protestar y conquistarlo, pero también debe estar acompañado de un Estatuto
Democrático del Trabajo, que retorne a los trabajadores los derechos que nos
han quitado y garantice bienestar, así como la solución al problema de desempleo,
acabar con la precarización del trabajo, el establecimiento de una política que
ponga fin a los abusos de los patronos, crear programas sociales mediantes los
cuales el estado garantice gratuitamente la seguridad social, la educación,
servicios públicos con el mínimo vital y subsidiados, esto implicaría, crear límites
al capital privado y establecer una nueva fórmula que asegure la distribución
equitativa de la riqueza.
Luis Javier Correa Suárez
Presidente de Sinaltrainal

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